Los activos financieros no se valorizan en el vacío, sino que sus precios se arbitran. Esto quiere decir que quienes operan estos activos buscarán comprar los más baratos y vender los más caros redefiniendo los precios que valen y por ende los rendimientos que dan a cambio.
Así es que cuando un bono argentino paga 8% a 11 años y un bono brasilero paga 6% al mismo plazo, existe una prima de riesgo entre ambos soberanos (por eso uno paga 8 y el otro 6) que “justifica” esa diferencia (un inversor particular podría decir que la prima no explica correctamente el riesgo de las inversiones, pero sería una opinión particular y no lo que “dice” el promedio del mercado a través de los precios de los activos).
Si los capitales empiezan a salir de Brasil por algún motivo y sus bonos empiezan a rendir más, algunos operadores se preguntarán si Argentina vs Brasil es menos riesgosa que antes o si se debiera mantener esa prima de riesgo. Si Argentina y/o Brasil no hubieran hecho cambios notables en sus condiciones internas (políticas, económicas, etc) a primera vista no habría motivo para pensar en una modificación del riesgo relativo entre Argentina y Brasil.
Si este fuera el caso, y hubiera más vendedores que compradores de bonos brasileros, eso también le pegará a los bonos argentinos por la siguiente razón: dado que ahora comprar deuda brasilera rinde más que antes, ¿tiene sentido seguir invirtiendo en deuda argentina que rinde menos que Brasil en términos relativos y ajustado por riesgo? De cumplirse lo anterior, habrá gente que venderá bonos argentinos para comprar bonos brasileros (u otra cosa) y el precio de los bonos argentinos caerá, subiendo la tasa que Argentina paga por su deuda.
Es en este marco que se debió haber pensado el impuesto a la renta financiera sancionado en nuestro país: dado que los activos financieros se valúan y rinden de acuerdo a su arbitraje con otros activos (muchos de ellos no alcanzados por impuestos a la renta específicos) cuando el impuesto se empieza a aplicar efectivamente los inversores recompondrán sus portafolios y los precios de los instrumentos de deuda argentinos cambiarán.
Este cambio traerá aparejado una suba en el rendimiento de los activos de deuda argentinos, encareciendo el costo financiero del Estado Argentino que es quien busca recaudar dicho impuesto. ¿Por qué un inversor compraría más bonos argentinos si posee alternativas que no tienen ese nuevo impuesto aplicado en Argentina? Los precios que se definan para la deuda argentina comprenderán ahora un rendimiento mayor que compensará a los inversores por el impuesto que deberán abonar.
Posiblemente el Estado Argentino salga hecho o hasta pierda plata con la imposición de este nuevo tributo: si bien recauda, encarece sus fuentes de financiamiento, un tema por el cual un deudor como la Argentina debería trabajar para abaratar lo más posible mientras resuelve sus problemas fiscales.